Barrapunto

La Constitución española establece como derecho y como deber el conocimiento del «castellano» (artículo 2).

Por tanto, es en este idioma en el que tenemos el derecho a relacionarnos con las Administraciones públicas.

Si los webs de la Administración no cumplen con los estándares w3c, no estaría de más que comenzásemos a exigirlo vía derecho de petición. Un ejemplo análogo sería que los textos de los libros de las Administraciones Públicas se escribieran en términos crípticos o imposibles de leer.

El fundamento consiste en que a través de un código propietario están atentando contra mi derecho de comunicarme con la Administración, ya que yo uso los estándares no comerciales universales. Ello exige que supervisemos todas las webs de la Administración y vayámos requiriéndoles una por una.

Al principio la reivindicación debe ir vía email para preconstituir prueba. Posteriormente debe ir vía reclamación administrativa, para llegar al contencioso-administrativo y, eventualmente, Tribunal Constitucional.

¿Alguien se anima con esta propuesta?

Reconozco que me excita la sola idea de ir por este camino...